Un nuevo giro judicial se produjo en la denominada “Megacausa”, uno de los expedientes por presunta corrupción más importantes de la historia reciente de Jujuy. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso presentado por las defensas y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento, dejando en una situación de incertidumbre el reciente fallo del juez de Control Rodolfo Fernández, quien días atrás había dispuesto el sobreseimiento de varios imputados.
La decisión del máximo tribunal se da luego de que el magistrado jujeño resolviera, de manera parcial, el cierre de la causa para una parte de los acusados —entre ellos exfuncionarios provinciales y dirigentes—, al tiempo que ratificaba la competencia de la Justicia ordinaria de la provincia para continuar con la investigación. Sin embargo, ese criterio fue cuestionado por las defensas, que insistieron en que el expediente debía tramitar en el ámbito federal.
En ese marco, la Corte entendió que «existían elementos que no fueron debidamente considerados, especialmente en relación a la posible participación de funcionarios nacionales y el origen de los fondos investigados». La causa analiza el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de viviendas sociales, provenientes de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, lo que —según el planteo avalado— podría implicar una afectación directa a intereses federales.
A partir de este análisis, el máximo tribunal dejó abierta la posibilidad de que la causa continúe en la Justicia federal y no en la órbita provincial, lo que impacta directamente en el estado actual del expediente. En consecuencia, el fallo de Fernández, que incluía sobreseimientos y definiciones sobre la competencia, podría quedar sin efecto dependiendo de lo que resuelva la Cámara de Casación Penal.
La “Megacausa”, iniciada en 2016, investiga el presunto desvío de fondos públicos por más de 4 mil millones de pesos destinados a programas de vivienda social. En el expediente están imputadas más de veinte personas, entre exfuncionarios nacionales, provinciales, intendentes y referentes de organizaciones sociales, quienes se sospecha podrían tener relación con la estructura que encabezaba la dirigente tupaquera, Milagro Sala.
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